VISTO:
El Decreto 534/2025, publicado el 4 de agosto de 2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo vetó en su totalidad tres leyes aprobadas por el Congreso Nacional, Ley 27.791, Ley 27.792 y Ley 27.793; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto 534/2025 del Poder Ejecutivo Nacional constituye un acto de veto total a leyes de altísimo impacto social, entre ellas: el aumento de haberes jubilatorios con actualización, el restablecimiento de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, normas aprobadas democráticamente por el Congreso de la Nación con amplio consenso y respaldo popular.
Que, la primera de estas leyes establecía un aumento adicional del 7,2% en los haberes previsionales y un bono de hasta $110.000, con el fin de mitigar el deterioro provocado por la inflación y el brutal ajuste económico, siendo los jubilados uno de los sectores más castigados por el actual modelo económico.
Que, la segunda norma vetada reabría la posibilidad de una moratoria previsional, herramienta esencial para garantizar el acceso a una jubilación digna a cientos de miles de personas, en su mayoría mujeres, que por diversas razones estructurales no pudieron reunir los 30 años de aportes exigidos por el sistema.
Que, la tercera ley vetada, de una sensibilidad humana incuestionable, declaraba la emergencia nacional en discapacidad, disponiendo una pensión no contributiva por discapacidad igual al 70% del haber mínimo, actualizaciones automáticas, acceso pleno a la salud y fortalecimiento del sistema de prestaciones, buscando reparar una deuda histórica con un colectivo sistemáticamente excluido del acceso pleno a derechos.
Que, la utilización del veto presidencial en este contexto, y con estos fines, no puede entenderse como un ejercicio legítimo del poder Ejecutivo sino como un acto de crueldad institucionalizada, cargado de violencia simbólica y material contra los sectores más vulnerables de nuestra patria.
Que, los fundamentos del veto, centrados exclusivamente en el argumento fiscal, desconocen el mandato constitucional de garantizar derechos humanos y priorizar el interés público por sobre los criterios contables, despreciando el rol del Estado como garante de la dignidad humana.
Que, esta decisión no puede desvincularse del marco general de un gobierno que ha elegido aplicar un modelo económico de exclusión, con ajustes brutales, despidos masivos, licuación de ingresos populares, paralización de políticas sociales, privatización de servicios y desmantelamiento de derechos conquistados por décadas de lucha del pueblo argentino.
Que, el presidente Javier Milei, con su prédica profundamente ideológica, desprecia a los jubilados (“si no te alcanza la jubilación, salí a trabajar”), demoniza a las personas con discapacidad como “planeros”, y banaliza el sufrimiento de millones desde una postura que combina arrogancia, fanatismo doctrinario y total falta de sensibilidad.
Que, esta ofensiva no solo es política, sino profundamente ideológica: busca instalar la idea de que el Estado no tiene responsabilidad sobre el bienestar colectivo, promoviendo un darwinismo social donde sólo sobreviven quienes pueden valerse por sí mismos, negando todo principio de justicia social, solidaridad o equidad.
Que, resulta inaceptable que quienes detentan el poder utilicen las herramientas institucionales para castigar a quienes menos tienen, vulnerando derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional (protección integral de los jubilados, seguridad social, condiciones dignas de existencia), y en tratados internacionales de jerarquía constitucional, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Que, las palabras del presidente, sus vetos, y sus decisiones económicas conforman un claro ejercicio de abuso de poder, que profundiza la desigualdad, multiplica el dolor, y somete al pueblo argentino a una situación de emergencia humanitaria sin precedentes en democracia.
Que, ante la inmoralidad de estas decisiones y su impacto devastador en la vida de nuestros adultos mayores y personas con discapacidad, no se puede permanecer en silencio: el repudio no es solo un gesto político, sino un deber moral y humano, que nos convoca a alzar la voz en defensa de la dignidad, los derechos y la vida.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante de General Paz, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la siguiente
RESOLUCION
ARTÍCULO 1º: Expresar repudio absoluto al Decreto 534/2025, por constituir un acto de grave insensibilidad social y negación de derechos fundamentales.
ARTÍCULO 2º: Denunciar el veto como un ejercicio de inmunidad política, que se ampara en una visión ideológica de Estado mínimo, sin garantizar la protección de los más indefensos.
ARTÍCULO 3º: Visibilizar la situación de hambre y precarización que atraviesan los jubilados, y la cruel negligencia sufrida por las personas con discapacidad, cuya urgencia fue ignorada por el Ejecutivo Nacional.
ARTÍCULO 4º: Reclamar al Poder Ejecutivo Nacional que, más allá de sus argumentos financieros, priorice la solidaridad distributiva, convoque con urgencia al Congreso a reconsiderar estas leyes y asegure la restitución inmediata de los derechos sociales vetados.
ARTÍCULO 5º: Remítase copia esta resolución al Presidente de la Nación, a ambos cuerpos legislativos del Congreso de la Nación, a organizaciones de derechos humanos, a entidades de adultos mayores, discapacidad y a todos los medios de comunicación local y nacional.
ARTÍCULO 6º: Regístrese, comuníquese y archívese.
Dada en la sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de General Paz, jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, a los 11 días del mes de agosto del año 2025.-
