VISTO:
Las auditorías realizadas sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez (PNC) durante el año 2025 en la República Argentina, que derivaron en suspensiones masivas con consecuencias sociales gravísimas; y,
CONSIDERANDO:
Que, las Pensiones No Contributivas por Invalidez constituyen un derecho humano esencial y no una dádiva, destinado a personas que por su condición de discapacidad y situación socioeconómica no pueden generar ingresos propios, siendo en muchos casos la única fuente de subsistencia para familias enteras.
Que, en el marco de dichas auditorías, el Gobierno Nacional ejecutó bajas y suspensiones arbitrarias y discrecionales, sin criterios claros, con notificaciones incompletas o inexistentes, exigiendo trámites inaccesibles, turnos imposibles y traslados de cientos de kilómetros, lo que resultó en un castigo cruel y sistemático a los más vulnerables.
Que, se han denunciado públicamente prácticas perversas como el premio a empleados que lograban dar más bajas, consolidando un sistema basado en el ajuste y no en la protección de derechos, violando de manera flagrante la Constitución Nacional, la Ley 22.431 de Protección Integral de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), de jerarquía constitucional.
Que, el Distrito de General Paz tampoco ha sido ajeno a este atropello, ya que numerosos vecinos y vecinas han padecido suspensiones injustificadas, con el consecuente sufrimiento material, emocional y psicológico.
Que, estas medidas, en nuestra comunidad, no son estadísticas anónimas, sino que tienen rostro y nombre propio, porque se trata de vecinos y vecinas que conocemos, con quienes compartimos la vida cotidiana en nuestras calles, escuelas, instituciones y comercios, y que hoy ven vulnerados sus derechos más elementales;
Que, sabemos de manera fehaciente que esas personas tienen una discapacidad real, reconocida y acreditada, y que dependen de la pensión para afrontar sus tratamientos, medicamentos y gastos básicos de subsistencia, por lo que suspenderles la prestación no solo constituye una injusticia administrativa sino un atropello profundamente inhumano;
Que, como comunidad no podemos permanecer indiferentes, porque detrás de cada expediente hay una historia de vida, una familia que sufre y vecinos que necesitan del acompañamiento solidario del Estado y del compromiso de todos nosotros para defenderlos;
Que, el verdadero objetivo de las auditorías no fue garantizar transparencia ni detectar irregularidades, sino recortar partidas sociales para destinarlas a negociados privados y beneficios ilícitos de funcionarios, en el marco de un brutal ajuste presupuestario.
Que, múltiples denuncias judiciales y periodísticas revelaron la existencia de un esquema de corrupción en contrataciones vinculadas a medicamentos, prótesis y servicios para personas con discapacidad, donde laboratorios, intermediarios y funcionarios se enriquecieron con el dinero que debía sostener la vida de los más frágiles.
Que, esta operatoria no solo implicó el recorte de derechos adquiridos, sino que fue acompañada por un negocio de coimas y retornos ilegales, lo que configura una de las prácticas más atroces del Estado: quitarle al discapacitado para engordar la corrupción política y privada.
Que, entre los responsables señalados se encuentran ex directores de la Agencia Nacional de Discapacidad, laboratorios cómplices y operadores políticos cercanos al poder, incluyendo denuncias que alcanzan a la actual Secretaria General de la Presidencia de la Nación, cuya influencia en la designación de cargos y administración del área de discapacidad ha sido objeto de fuerte repudio social.
Que, el resultado concreto de estas políticas ha sido familias sumidas en la indigencia, personas sin medicación vital, tratamientos interrumpidos, pérdida de apoyos y prestaciones básicas, y en muchos casos la exposición directa al riesgo de vida.
Que, lo acontecido constituye un crimen social y político, una práctica regresiva, inconstitucional e inhumana, que deja en evidencia la perversidad de un Estado que, en lugar de proteger a sus ciudadanos más vulnerables, los despoja para beneficiar a mafias empresariales y a funcionarios enriquecidos en el poder.
Que, corresponde al Honorable Concejo Deliberante de General Paz expresar un repudio firme y categórico a este accionar, exigir la inmediata restitución de derechos y solidarizarse con las víctimas de esta política injusta, asumiendo el compromiso de acompañar a las familias locales en sus reclamos.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la siguiente:
RESOLUCION
ARTÍCULO 1°: Declarar su más enérgico repudio a la suspensión masiva de Pensiones No Contributivas por Invalidez dispuesta por el Gobierno Nacional, por constituir una violación a los derechos humanos, un acto de crueldad institucional y un hecho de corrupción estructural.
ARTÍCULO 2°: Exigir al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, la restitución inmediata de todas las pensiones injustamente suspendidas, garantizando el pago continuo mientras se sustancien auditorías transparentes, accesibles y ajustadas a la normativa internacional de derechos humanos.
ARTÍCULO 3°: Manifestar el más absoluto rechazo al mecanismo de corrupción, reclamando al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público Fiscal el rápido avance en las investigaciones y la sanción ejemplar a los responsables, cualquiera sea su jerarquía.
ARTÍCULO 4°: Encomendar a la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante la remisión de la presente resolución a la Agencia Nacional de Discapacidad, la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Comisión de Discapacidad del Congreso Nacional, y a las organizaciones sociales y de derechos humanos vinculadas a la temática.
ARTÍCULO 5°: Regístrese, Comuníquese a quienes corresponda y Archívese.
Dada en la sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de General Paz, jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, a los 8 días del mes de septiembre del año 2025.-
