VISTO:
La presentación judicial realizada en las últimas horas por el Gobierno Nacional, solicitando un allanamiento contra periodistas de reconocida trayectoria, medida que atenta contra la libertad de expresión, la democracia y los principios republicanos consagrados en nuestra Constitución Nacional; Y;
CONSIDERANDO:
Que, la libertad de prensa y de expresión constituyen pilares esenciales de cualquier sistema democrático y se encuentran expresamente reconocidos en el artículo 14 de la Constitución Nacional, así como en el artículo 32, que prohíbe de manera taxativa cualquier tipo de censura previa;
Que, además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su artículo 13, con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN), establece el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión, impidiendo expresamente la utilización de medios directos o indirectos de restricción;
Que, la medida impulsada por el Ejecutivo Nacional, bajo la insólita y absolutamente descabellada hipótesis de un supuesto "complot kirchnerista con apoyo internacional de Rusia, Venezuela, Bolivia e incluso de la Asociación del Fútbol Argentino", constituye un disparate político y jurídico sin precedentes en la historia democrática argentina, rayano en el ridículo institucional, pero profundamente peligroso por su trasfondo autoritario;
Que, resulta alarmante la intervención en esta causa del juez Marianello, quien lejos de actuar con la independencia, imparcialidad y prudencia que exige la Constitución y el rol judicial, se ha prestado a convalidar un verdadero atropello institucional, degradando el prestigio del Poder Judicial y colocándolo como instrumento servil del Ejecutivo Nacional;
Que, un juez de la Nación debe ser garante de los derechos y libertades, y no cómplice de persecuciones políticas o delirios conspirativos, y la actuación del juez Marianello no solo erosiona la confianza ciudadana en la Justicia, sino que además abre la puerta a un uso arbitrario y autoritario del aparato judicial para perseguir opositores, periodistas y voces críticas;
Que, el periodismo cumple la función de control social y de contrapeso al poder, y atacar periodistas mediante allanamientos judiciales, sin pruebas ni fundamentos serios, implica perseguir voces críticas, instaurando un clima de censura encubierta y amedrentamiento que recuerda prácticas propias de gobiernos de facto y no de un Estado de Derecho;
Que, este avasallamiento atenta contra los principios de la República (art. 1 CN), vulnerando la división de poderes, al intentar someter a la Justicia a delirios políticos y paranoias persecutorias, con el objetivo de callar, disciplinar y amedrentar a quienes informan, opinan o investigan sobre los actos del Gobierno;
Que, la complicidad judicial con el poder político, representada en este caso por el juez Marianello, configura un capítulo oscuro que degrada las instituciones y atenta contra la esencia misma de la democracia republicana;
Que, no puede tolerarse que, en nombre de teorías conspirativas absurdas, se intente deslegitimar la labor periodística ni mucho menos restringirla, porque hacerlo equivale a atacar directamente a la democracia argentina, conquistada con enorme sacrificio por generaciones que sufrieron dictaduras y censuras sangrientas;
Que, la actuación judicial en este episodio no puede ser soslayada ni minimizada, porque sin la firma y el aval de magistrados complacientes con el poder, estas prácticas persecutorias jamás podrían llevarse a cabo;
Que, por todo lo expuesto, este Honorable Cuerpo no puede guardar silencio frente a un hecho de tamaña gravedad institucional, jurídica y política, debiendo alzar su voz en defensa de la libertad de prensa, la democracia y los derechos fundamentales del pueblo argentino.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos aires, sanciona la presente:
RESOLUCION
ARTÍCULO 1°: Expresar su enérgico y categórico repudio a la solicitud y presentación judicial impulsada por el Gobierno Nacional contra periodistas de nuestro país, por constituir un avasallamiento a la libertad de expresión, la libertad de prensa y los principios democráticos y republicanos consagrados en nuestra Constitución Nacional.
ARTÍCULO 2°: Manifestar la más profunda preocupación por el avance de prácticas autoritarias y persecutorias contra comunicadores, voces críticas y medios de comunicación, propias de regímenes de facto y absolutamente incompatibles con un sistema democrático.
ARTÍCULO 3°: Señalar de manera particular la actuación del juez Marianello en el marco de este proceso, cuya conducta resulta funcional al poder político y constituye un ejemplo de subordinación judicial incompatible con el principio de independencia de los jueces y con el deber de resguardar las libertades y garantías constitucionales.
ARTÍCULO 4°: Hacer saber la presente resolución al Poder Ejecutivo Nacional, a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, al Consejo de la Magistratura, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las entidades que nuclean a periodistas y medios de comunicación, reafirmando nuestro compromiso irrestricto con la defensa de la libertad de prensa y de expresión.
ARTÍCULO 5°: Regístrese, Comuníquese a quienes corresponda y Archívese.
Dada en la sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de General Paz, jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, a los 8 días del mes de septiembre del año 2025.-
