VISTO:
La situación preocupante que atraviesa el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ante el desfinanciamiento e intervención del gobierno nacional; y,
CONSIDERANDO:
Que, dicho instituto fue creado en 1956, con el objetivo de impulsar la investigación y expansión agropecuaria Argentina.
Que, el INTA constituye un organismo estratégico para el desarrollo agropecuario, científico y tecnológico de la República Argentina, con una fuerte presencia territorial en todo el país.
Que, uno de sus logros más importantes fue el desarrollo de variedades de trigo resistentes a enfermedades y de alto rendimiento, logrando posicionar a la Argentina dentro de los principales productores de dicho cereal.
Que, bajo políticas de ajuste, el Consejo Directivo del INTA dispuso el cierre de 14 agencias de Extensión Rural en distintas localidades de Buenos Aires y Córdoba.
Que, las Agencias de Extensión Rural cumplen un rol fundamental en la asistencia técnica a productores, el acompañamiento a economías regionales y la transferencia de conocimientos e innovación en el sector agropecuario.
Que, el cierre de dichas agencias se enmarca en un proceso de ajuste y reestructuración que implica la reducción de la presencia territorial del organismo.
Que, estas medidas generan preocupación por su impacto en el entramado productivo local, especialmente en pequeñas y medianas productoras que dependen del acompañamiento técnico del INTA.
Que, la reducción de la presencia territorial del INTA impacta directamente en distritos como General Paz, donde la actividad agropecuaria constituye un pilar fundamental de la economía local.
Que, con esta transformación que implementa el gobierno nacional, ya se perdieron más de 700 puestos de trabajo profesionales desde 2023, sumado a la aprobación del cierre de 14 agencias de extensión rural.
Que, además, se pretende vender edificios, campos experimentales y tierras del INTA, decisión que responde a una lógica de ajuste orientada a la reducción del gasto público y la obtención de recursos fiscales de corto plazo.
Que, estos bienes no constituyen activos ociosos, sino forman parte de la infraestructura estratégica del organismo para el desarrollo de investigación aplicada, experimentación y extensión rural.
Que, la enajenación de dichos recursos implica un riesgo de desmantelamiento de capacidades científicas y técnicas construidas durante décadas.
Que, estas decisiones comprometen la soberanía tecnológica, el desarrollo productivo y la capacidad del Estado de acompañar al sector agropecuario.
Que, programas históricos del INTA como el ProHuerta, que impulsó más de 600.000 huertas familiares, escolares y comunitarias, entregando semillas por más de 30 años, permitiendo la producción de alimentos libres de agroquímicos y brindando capacitaciones, cerró debido al recorte de fondos nacionales y al despido de personal.
Que, programas históricos y diversas líneas de extensión rural y apoyo a la agricultura familiar se ven afectados o desarticulados en el marco del ajuste, debilitando políticas públicas fundamentales para el acceso a alimentos, el desarrollo productivo y agrario rural.
Que, es deber de este Honorable Cuerpo expresar su preocupación ante medidas que afectan de manera directa al entramado productivo local.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Bueno Aires, sanciona la presente:
RESOLUCIÓN
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Deliberante de General Paz manifiesta su profunda preocupación y el más enérgico repudio ante el cierre de Agencias de Extensión Rural del INTA, en el marco del proceso de ajuste y reestructuración del organismo.
ARTICULO 2º: Expresar su rechazo a cualquier intento de venta o enajenación de bienes inmuebles, tierras o infraestructura del INTA, por considerar que constituyen recursos estratégicos para el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país.
ARTÍCULO 3º: De forma.
Dada en la sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de General Paz, jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, a los 13 días del mes de abril del año 2026.-
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